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México, 2 de enero.- A la Secretaría de la Defensa Nacional le exige la sociedad los “Partes Militares” de los primeros días de enero de 1994, como si en ellos estuviese escrita una verdad diferente a la que se ha ventilado en estos 20 años.El gran pendiente militar es otro.
El tema no son los partes militares, sino los muertos militares. Esos cadáveres que echamos hace veinte años a la fosa del anonimato por razones políticas.
A Chiapas fueron convocados todos los jefes militares que podían aportar experiencia ante el primer conflicto bélico de los tiempos modernos. A las instituciones, a las fuerzas armadas mexicanas les había sido declarada, textual, una “guerra”. Había que responder.
Durante los primeros días de Enero de 1994 eso hicieron los militares.
De todas partes del país se movilizaron hombres uniformados para combatir a los zapatistas que habían atacado cuarteles militares. Y muchos murieron.
No oficialmente.
Siempre se ha negado la existencia de estas “bajas”. Por razones de estrategia, como se hacía antes todo dentro del Ejército, en sigilo, misteriosamente para que el enemigo no supiese de sus debilidades, comenzando por el escaso número de militares que tenemos, pocos más de 200 mil para un país de 100 millones.
Y, esto fue lo definitivo, porque la orden superior del entonces primer mandatario, Carlos Salinas, fue ocultar la magnitud de este conflicto.
De la misma forma en que se levantaron los cadáveres de los policías y los civiles muertos cuando la última noche de 1993 los zapatistas tomaron varias cabeceras municipales de Chiapas, se ordenó ocultar la muerte de decenas, tal vez centenas de soldados.
El número oficial de militares muertos en la guerra de Chiapas fue de 16 al decretarse el Alto al Fuego unilateral por parte del gobierno federal todavía en enero de 1994.
En Altamirano, Chiapas, el 14 de enero de 1994, en un improvisado cuartel militar montado por mi general Juan López Ortiz, que se había trasladado horas antes de Ocosingo donde libró la batalla más cruenta del conflicto armado, con uniformes camuflageados, con las armas al hombro, escuché al entonces mayor Moisés García Ochoa contar como le habían matado a todos sus hombres, más de treinta, frente al Cuartel de San Cristóbal las Casas, entonces bajo el mando del general Gastón Menchaca.
Aparentemente hubo “fuego amigo” por la confusión, porque no se identificaron, por las condiciones de vulnerabilidad del cuartel, porque habían sufrido un ataque violento, porque el enemigo estaba enfrente y les disparaba.
Esta es la verdad que los militares deben estudiar.
¿Dónde están esos muertos? Su nombre tendría que constar en la historia de lo que se vivió en Chiapas.
Como ellos fueron muchos los que murieron.
Durante los días del conflicto armado los periodistas descubrieron fosas clandestinas, vieron cadáveres de civiles cuyas fotografías dieron la vuelta al mundo, no se recuperaron las imágenes de los soldados caídos.
Si queremos cerrar las heridas abiertas producidas por la Guerra de Chiapas hay que comenzar por decirnos quiénes fueron las víctimas.
Las fuerzas armadas mexicanas son una institución legítima. Por lo tanto no pueden actuar como en su momento hicieron las fuerzas sublevadas que encabezaba el Subcomandante Marcos, como una estrategia de guerra de guerrillas, ocultando a sus muertos, quemando sus cadáveres.
¿Hubo errores del alto mando militar? También nos merecemos saberlos.
Lo cierto en el conflicto armado de Chiapas es que desde abril de 1993 en que dos militares fueron secuestrados y asesinados brutalmente por los zapatistas, provocando un conflicto entre el general Miguel Ángel Godínez y el obispo Samuel Ruiz, muchos no tienen el sepulcro de honor que se ganaron.
El descubrimiento del campamento guerrillero en el paraje “Las Calabazas”, del cerro de Corralchem, el siguiente mayo, permitió conocer que los zapatistas estaban preparados para una ofensiva armada de gran impacto. El mando civil, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, le ordenó al mando militar del general Antonio Riviello actuar contra toda doctrina militar.
Los militares que se retiraron obedeciendo estas órdenes permitieron el reagrupamiento y fortalecimiento de los guerrilleros que les declararían la guerra meses después.
Por lo tanto los militares muertos en este conflicto, para algunos enterados varias centenas, fueron víctimas del enemigo pero también de las razones del poder civil.
Esa es la realidad.
Y la realidad civil, política, también ha cambiado.
De ahí que la batalla por la verdad, por el honor militar, debe comenzar por darle la sepultura pública y honrosa que se merecen los soldados que murieron cumpliendo con su deber.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor
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