México, 23 de octubre (Reforma).- La administración pasada de la Procuraduría General de la República (PGR) heredó un desorden en el Programa de Testigos Protegidos que pone en riesgo los juicios iniciados a más de una centena de miembros del Cártel del Golfo, los Zetas y los Beltrán Leyva.
Casos insólitos donde dos testigos colaboradores se acusan entre sí de un homicidio y sólo uno está preso, donde los declarantes probablemente no existen o tenían orden de aprehensión, previo a sus capturas, y no fueron encarcelados, son parte de las historias legadas.
Uno de los asuntos cuyo impacto procesal puede llegar a ser mayor es el de los principales testigos colaboradores contra Los Zetas y el Cártel del Golfo en la década pasada, cuyas acusaciones contra más de 100 inculpados corren el riesgo de ser invalidadas.
Documentos judiciales revelan que la PGR informó a un juez federal que los 3 testigos protegidos que son la columna vertebral de los procesos contra el capo Osiel Cárdenas y su organización, tienen una calidad jurídica que sólo les permite reducir sus condenas, pero no la inmunidad.
Y sin embargo, desde hace más de una década, gozan de inmunidad estos sujetos que pertenecen al hoy denominado Programa de Protección a Personas.
Según información del Poder Judicial de la Federación (PJF), al tener los testigos esa categoría específica, sus declaraciones perderían toda validez legal porque fueron realizadas sin la presencia del abogado defensor.
Esta deficiencia hoy en día se considera como una violación al debido proceso.
Testigo vs. testigo
“Jennifer”, el testigo estrella de la Operación Limpieza y también empleado contra el General Tomás Ángeles Dauahare y otros militares, no fue tocado por las autoridades federales cuando otro testigo de su calidad lo incriminó directamente y con detalles de un homicidio.
En la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, “Jennifer” acusó a Denis Gerardo Rodríguez Pacheco “El Denis” de ejecutar al titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto de Cancún, José Luis Soladana Ortiz, el 10 de noviembre de 2007.
El problema es que Rodríguez, presunto integrante de los Beltrán, también era y es testigo colaborador de la PGR, como se desprende de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/233/2012, consignada ante un juez federal.
Y Rodríguez detalló que el verdadero asesino de Soladana era precisamente “Jennifer”. “El Denis” es prolijo en detalles y reconoce haber participado en el plagio, sin embargo, afirma que el ejecutor fue su cómplice.
Dijo que el funcionario fue ejecutado porque el 24 de septiembre de 2007 no les permitió el aterrizaje de un avión con 3.7 toneladas de cocaína en el Aeropuerto de Cancún, pese a estar en la nómina de los Beltrán, lo que ocasionó el desplome de la aeronave en Tixkokob, Yucatán.
“Jennifer” es resguardado por la DEA en Estados Unidos, mientras que “El Denis” se encuentra preso en Cancún, por el asesinato de Soladana.
Omiten capturas
Durante 12 años la PGR tuvo conocimiento de por lo menos dos órdenes de aprehensión contra Alejandro Lucio Morales Betancourt, uno de los principales testigos protegidos contra Osiel Cárdenas, pero nunca lo llevó a la cárcel, pese a no gozar de inmunidad.
Detenido el 17 de noviembre de 2001 en Reynosa, Tamaulipas, este ex oficial de Inteligencia Militar fue uno de los testigos protegidos más rentables de la PGR, pues gracias a sus testimonios se desmantelaron pistas clandestinas, se aseguraron empresas y el gobierno supo por vez primera el organigrama de Los Zetas.
Según consta en el oficio PFM/DGATL/DGAAJ/DLC/008373/2013, enviado el 23 de agosto de este año al Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales de Guadalajara, cuando Morales fue detenido ya tenía una orden federal de captura vigente de la que hizo caso omiso la PGR.
El documento reportó al juzgado una tarjeta informativa del 25 de noviembre de 1998, enviada al General de Brigada Guillermo Álvarez Nahara, entonces director de la corporación.
En la tarjeta se especifica que la aprehensión fue girada por el delito de ejercicio indebido de servicio público en el Juez Sexto de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, aunque actualmente se desconoce el registro del estatus de dicha orden.
No fue la única aprehensión que le perdonaron, porque según el oficio PFM/DGATL/DGAAJ/DLC/003264/2013 del 3 de abril de este año, tenía otra orden de captura por delitos electorales, porque usaba una credencial para votar con datos falsos.
La ordenó el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, en la causa penal 238/2010, el 30 de noviembre de 2010. Se supone que por esas fechas el ex militar debía estar resguardado por la PGR y el Ejército.
La PGR no sólo no actuó contra Morales, sino que le permitió litigar en contra suya. El 23 de agosto de 2011 el testigo se amparó contra la captura por delito electoral, pero el 2 de abril de 2012 el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Amparo del DF le negó la protección de la justicia.
Al no solicitar la revisión del fallo, el 24 de abril siguiente la negativa del amparo 1008/2011 se convirtió en definitiva. Ni aún perdiendo el amparo, la PGR actuó en su contra.
Testigos inexistentes
Todo testigo colaborador debe identificarse plenamente con credenciales oficiales ante la PGR y los jueces.
Este requisito se pasó por alto en 2012 para encarcelar a Juan Carlos de la Barreda Vite, un ex funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Gerardo Ortega Maya, un yerno del ex secretario de la Marina Ricardo Ruano Angulo.
Eynar Rodrigo Lozano Mendoza y Esther Yadira Huitrón Vázquez, ambos testigos protegidos, declararon que los mencionados eran cómplices del Cártel de Sinaloa y terminaron en el Penal Federal de Matamoros.
El mes pasado De la Barreda presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito en Procesos Penales del DF un incidente de nulidad de los testigos, porque no se identificaron ante la PGR con ningún tipo de documento oficial.
“Desde ese momento queda en duda su identidad e inclusive la existencia real de dicho testigo”, señala el escrito del procesado.
Con Huitrón las dudas son mayores.
Según documentos de la causa penal 57/2012, una agenda que Huitrón dijo que era suya y que la SEIDO presentó en el juicio como prueba, en realidad era de otra mujer de nombre Rosario Herrera Dorador, quien se amparó el 27 de enero de 2012 contra torturas de la Marina.
“Válidamente se puede afirmar que una vez que la (PGR) tuvo acceso a las constancias de detención de esta persona, de las declaraciones que rindió esta persona ante el Ejército, la Marina… los agentes del Ministerio Público temerariamente inventaron la existencia de una mujer a la que nombraron Esther Yadira Huitrón Vázquez”, dice el incidente.
Falsa inmunidad
Entre el 2001 y el 2002 la PGR hizo testigos protegidos a Francisco Alberto Vázquez Guzmán, secretario particular del capo Osiel Cárdenas; Alejandro Lucio Morales Betancourt, pionero de Los Zetas, y su cómplice Ricardo Hernández Martínez.
Los tres recibieron nombres claves, no les cumplimentaron órdenes de aprehensión vigentes y gozaron de una especie de inmunidad, con vigilancia del Ejército.
El 3 de enero de 2011 la PGR informó al Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales de Jalisco que los tres eran testigos protegidos en términos del artículo 35, fracción segunda, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Es decir, el único compromiso que hizo la PGR con ellos fue conseguirles la reducción de sus sus condenas hasta en dos terceras partes, pero de ninguna manera se trataba de inmunidad.
Ninguna de las últimas tres administraciones federales, incluida la que inició el pasado 1 de diciembre, ha actuado penalmente contra ellos, aunque puede hacerlo.
En el PJF advierten que el problema en ciernes de la PGR con estos testigos es una eventual avalancha de recursos legales que pretendan invalidar sus dichos, ya que no declararon con abogados defensores.
Explicaron que si tenían averiguaciones abiertas u órdenes de aprehensión, y confesaron delitos e hicieron imputaciones, necesariamente debían contar con un defensor, pues de lo contrario violentarían el debido proceso de los imputados y sus dichos carecerían de valor.
Detenido el 12 de enero de 2002, en los 12 meses posteriores a su captura, Vázquez Guzmán declaró contra 42 sospechosos del Cártel del Golfo; en el caso de Morales Betancourt, en el mismo periodo había declarado contra 46 procesados de la misma organización.
Hernández Martínez lo ha hecho contra otros 20 procesados.
Abel Barajas
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