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¿Dónde está el gobernador Ángel Aguirre Rivero? Es la pregunta que se hacen comerciantes, empresarios, líder de opinión y visitantes en el estado de Guerrero. La descomposición social, aunado al auge del crimen organizado que ha sentado sus reales en prácticamente las cinco regiones de la entidad, ha colocado en el centro de las miradas a nivel nacional al priista convertido en perredista quien a todas luces luce incompetente. La posibilidad de que se envíe un comisionado de seguridad al estado irrita demasiado al mandatario, quien contempla cómo la clase política local ni se inmuta cuando se ventilan sus nexos con la delincuencia organizada.
México, 21 de agosto.- Mario Moreno Arcos tenía el rostro contrariado, a ratos dejaba entrever cierto hastío y después una sonrisa irónica se dibujaba en su boca mientras su mirada se posaba en el hombre que tenía junto a él. Aquella tarde de finales de enero pasado en la comunidad del Ocotito, distante a menos de una hora de Chilpancingo, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la capital de Guerrero, el empresario Pioquinto Damián Huato, arremetió de manera pública contra el edil a quien acusó delante de centenares de pobladores reunidos en asamblea pública de haber entregado el municipio al crimen organizado.
Damián Huato no se detuvo, micrófono en mano señaló al priista de pertenecer a la delincuencia organizada a quien entregó la economía y la seguridad de la capital del estado de Guerrero. Moreno Arcos, un priista vinculado a los grupos de poder caciquil local cuya cabeza visible era hasta hace unos años el exgobernador defenestrado Rubén Figueroa Alcocer, ni se defendió. Aquel día estuvo durante más de medio hora inmutable, solo las expresiones de su cara dejaba entrever que no la pasaba bien mientras era exhibido de manera pública por el líder empresarial.
“Ocho veces me reuní con él y le plantemos que queríamos seguridad y siempre nos decía lo mismo: ‘Vamos a encontrar la solución, voy a contratar a 74 policías’. Y tiene un año y dos meses que no ha hecho nada ¿ustedes le creen a alguien que moviliza al ejército para impedir que el pueblo se manifieste? Díganlo con valor”, cuestionó el dirigente de la Canaco en medio de la algarabía y gritos de aprobación.
“El escogió estar en contra del pueblo, quiso estar al lado de los criminales, y eso hizo, compañeros. Y si no, que me conteste aquí en esta asamblea popular: ¿a quien dejó el palenque de gallos de Chilpancingo, a quien se lo dejo? A los criminales, a los grupos de criminales, no se ha dado cuenta que la feria cobran tres mil 500 pesos semanales a los comerciantes que tienen bares y cantinas y todos los giros rojos, no se ha dado cuenta presidente o se hacia el disimulado? Que nos conteste el presidente qué hizo con los 30 permisos de las combis que había en Chilpancingo?”, preguntó.
La respuesta era obvia, cada permiso, cada giro que generaba ingresos, antes pasaba por las manos de los grupos criminales. Aquella reunión fue el clímax que significó la ruptura entre la iniciativa privada y las autoridades municipales de Chilpancingo. Horas después, cuando Damián Huato regresaba en su camioneta a la capital, un comando armado lo emboscó y en el ataque falleció su nuera quien venía en el convoy de vehículos que lo acompañó desde la comunidad del Ocotito. El líder empresarial acusó días después a Moreno Arcos de estar detrás del atentado que casi le cuesta la vida y de ser un títere de la delincuencia organizada.
La cloaca de todos los partidos
En días pasados Damián Huato actualizó la situación que priva en la capital de Guerrero. A las extorsiones y asesinatos se le sumó un dato revelador: durante el año 2013 en Chilpancingo se denunciaron 84 secuestros de empresarios, una cifra de la que tuvo conocimiento la autoridad pero, hubo una estadística negra, los que no se denunciaron, y que representaría el doble de casos según testimonios recogidos con familiares de las víctimas, quienes pidieron el anonimato debido al temor que representa salir a la luz pública frente al clima de hostigamiento y amenazas constantes de los criminales, quienes presuntamente operan apoyados por la policía municipal.
Si las acusaciones contra el edil de la capital guerrerense se han multiplicado durante lo que va del 2014, el líder de congreso del estado el perredista Bernardo Ortega Jiménez ha hecho mutis de los señalamientos en su contra de formar parte de un clan que disputa la ruta de droga que viene de la sierra de Quechultenango, en la región centro del estado de Guerrero, caracterizada por su alta incidencia de plantíos de amapola y mariguana. El grupo se le conoce como “los Ardillos” y fue fundado por Celso Ortega Rosas, padre del diputado local, quien es miembro de la corriente perredista Nueva Izquierda. Su progenitor fue detenido en 2008 acusado de delincuencia organizada, salió libre dos años después y en 2011 fue muerto a tiros en una comunidad serrana de éste municipio.
Al perredista Ortega Jiménez le pesa que en su entorno familiar su hermano está señalado por autoridades federales y estatales de haber heredado el control del grupo que le disputa a la organización autodenominada “los Rojos”, el paso de droga que va hacia el norte del estado de Guerrero para desembocar al sur del Estado de México y el poniente de Michoacán.
El pasado mes de abril Feliciano Álvarez Mesino, alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, fue detenido por la policía federal acusado de brindar protección al grupo denominado la Familia. Su captura puso en la agenda una investigación que llevaba acabo de la PGR contra 15 presidentes municipales de la región norte y la Tierra Caliente de Guerrero quienes estarían coludidos con las organizaciones que se disputan esta zona que colinda con Michoacán y el sur del Estado de México.
La red política del edil detenido, y sobre la cual se tenía sospechas de estar coludida con la delincuencia organizada, estaba encabezada por el ex senador del PRD David Jiménez Rumbo, enfrentado con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y cercano colaborador del finado diputado local Armado Echavarría, asesinado hace unos años en la capital del estado. En esta red estaban también el dirigente del PRD en el estado Carlos Reyes Torres y su hermano Crescencio Reyes Torres, actual alcalde del municipio de la Unión, vecino con Lázaro Cárdenas Michoacán. Ambos hermanos fueron acusados hace un par de años en un video por Servando Gómez Martínez, líder de los Caballeros Templarios, de estar coludidos con el crimen organizado.
De acuerdo a reportes de la prensa local la detención de Álvarez se dio dentro de la disputa que los grupos delictivos de la Familia y Guerreros Unidos tienen en la región que conecta la sierra centro de Guerrero, donde se encuentran los municipios de Casimiro Castillo, Tlapa y Quechultenango, con el norte de la entidad y el sur del Estado de México. Los reportes durante el año 2014 han señalado como “focos rojos” a los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, Teloloapan, Iguala, Apaxtla y Cuetzala del Progreso, donde se sospecha que las autoridades tienen vínculos con la delincuencia organizada por medio de sus policías municipales. En estas localidades los secuestros, extorsiones y asesinatos se han disparado a cifras nunca vistas debido a la disputa territorial que va para su tercer año. Mientras, la entidad se prepara para un periodo electoral para renovar la gubernatura en 2015 que podría traer unos comicios sin posibilidades de realizarse en al menos 20 municipios debido a la inseguridad.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor